Hoy junto al colega Luis Toro nos hicimos parte en contra del recurso de
protección interpuesto a favor de delincuentes condenados en Punta Peuco por el
cual se exige su indulo. Todo criminal debe cumplir su pena a la que se expuso
con su propio actuar voluntario y dañino a la sociedad.
Defendemos los derechos actuales de familiares y víctimas de las
violaciones a los derechos humanos que en Chile adquirieron las características
de genocidio.
Con una insistencia vehemente, digna de mejor causa, se ha venido
promoviendo que a los delincuentes condenados en Punta Peuco se les debe “conceder
un gesto humanitario” para que así puedan gozar de la compañía de sus seres
queridos”, así se expresa en el recurso de protección interpuesto en su
favor.
Se interpuso a favor del ex capitán de carabineros Marcelo Castro
Mendoza, que entre otras cosas, asesinó a 15 campesinos en Lonquèn a los cuales
arrojo vivos a una mina para luego taparlos con cal y acribillarlos, entre ellos
habían cinco hermanos, lo mismo hizo a otros tres chilenos arrojándolos al rìo
Maipo, tiene màs pero el espacio es poco, también se recurre a favor de Renè
Cardemil Figueroa quien esta cumpliendo condena por haber sacado a seis
personas de las torres de Remodelaciòn San Borja y haberlas acribillado por la
espalda en el Túnel Lo Prado, también tiene más.
Un genocida es el delincuente mas peligroso en toda sociedad por cuanto, como agente del
estado: vulnera la ley que debe cumplir,
cuenta con los enormes medios materiales del Estado que se le han entregado con
otros propósitos no para cometer delitos, usa una fuerza que es irresistible
por los particulares, deja a las víctimas en la más completa indefensión pues
cuando el delincuente fue un policía o un militar actuando institucionalmente,
ante quien se puede acudir?.
Nuestros fundamentos para oponernos al recurso interpuesto son los
siguientes:
1.- Representamos a
los hermanos del médico y ex diputado Carlos Lorca Tobar, actualmente detenido
desaparecido en la causa que se tramita ante el ministro don Miguel Vásquez
Plaza, en esta se encuentran varias personas, ex militares sometidos a proceso
y condenados en Punta Peuco por otras imputaciones, representamos también a
querellantes en la causa por el acto genocida en contra de Carmen Gloria
Quintana y Rodrigo Rojas de Negri entre varios otros procesos.
2.- La acción deducida a favor de
los delincuentes condenados no pretende en lo esencial una mera declaración de
la obligación de las autoridades de responder Peticiones, se trata en
definitiva que la presidenta de la república indulte Crímenes de Lesa Hunanidad
contrariando de modo manifiesto nuestras leyes y Tratados Internacionales de
Derechos Humanos.
3.- Si un eventual fallo abriera discusión sobre la `posibilidad de
indultar a autores de Crímenes de Lesa Humanidad eso afecta directamente
derechos que representamos ante Tribunales, por ejemplo, el proceso por la
desaparición del dr Carlos Lorca Tobar lleva 41 años de tramitación, que sentido
tendría esto si tan pronto los culpables fueran condenados se abre discusión
sobre su indulto. Como se sabe lo que se discute puede ser rechazado pero también
acogido.
4.- Alegar razones de salud para evitar el cumplimiento de sanciones
penales, es un procedimiento mañoso iniciado por el ex dictador Augusto Pinochet, que una
vez vuelto de Londres se alzò de su silla de ruedas en el Aeropuerto de
Pudahuel, dejando claro la artimaña de sus supuestas enfermedades.
5.- De la misma amanera que los Tribunales ponen requisitos de
admisibilidad a las pretensiones que se le presenta como acciones judiciales,
es evidente que esta faculta esta ínsita en las competencias de las
autoridades al momento de recibir una solicitud. Una autoridad no esta a
obligada a responder con la celeridad del rayo una petición que en lo esencial
solicita una manifiesta y pública vulneración de la Ley-.
6.- Toda sanción penal, de acuerdo a su propia naturaleza, trae
sufrimiento al condenado y a su entorno, eso es lo que el mismo asume cuando
vulnera la ley. Ese sufrimiento no es causal legitima para dejar impune el
sufrimiento de las víctimas. Todo delincuente debe asumir que su conducta lo expone
a morir en la cárcel, es el mismo quien se pone en esa situación.
El indulto supone o un error judicial o un perdón de la sociedad en su
conjunto, ninguna de estas situaciones concurren en la especie. Los residentes
del penal privilegiado de Punta Peuco deberían agradecer que la pena de muerte
no forma parte de nuestro ordenamiento jurídico,
bastante generosa es la vida con ellos, generosidad que no tuvieron con sus víctimas.
Mueren sin tener el Nuremberg que se merecen.
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