Se
me ha hecho una obligación ineludible dirigirme al presidente del Senado don Andrés Zaldivar
Larraín a fin de solicitar que tal
investidura proceda a poner en
conocimiento de la Comisión de ética del Senado los antecedentes que dicen
relación con declaraciones y comportamientos de la senadora Jacqueline Van
Rysselberghe.
Soy
abogado querellante en representación del ciudadano chileno don Harry Cohen
Vera quien fuera detenido y torturado por personal militar en la ciudad de
Panguipulli el año 1973. Mi representado no tenía participación política alguna
y sus tormentos aplicados por el coronel ® don Cristian Labbé Galilea tenían
por propósito enseñar esta deleznable técnica.
Hace
cuatro años se inició un proceso con un Ministro en visita extraordinaria para
Crímenes de lesa Humanidad. Hace algunas semanas el coronel Labbé fue sometido
a proceso por la infracción a lo dispuesto en el artículo 150 del Código Penal,
que en doctrina llamamos tortura. Actualmente está sometido a prisión
preventiva.
Desde
siempre el ex oficial de la DINA sr Labbé
y su entono han alegado públicamente, nunca en el proceso, persecución
política y montaje. Han llegado incluso a anunciar querellas en contra de las
personas que se presenten a declarar con el evidente fin de intimidar testigos;
nunca han presentado estas querellas.
La
idea del montaje y la conspiración es irrisoria. En la causa rol 5-2013 que tramita el ministro
de la Corte de apelaciones de Temuco don
Alvaro Mesa Latorre en que participo como letrado se ha dictado el tercer auto
de procesamiento en contra del ex agente militar por crímenes de Lesa
Humanidad, antes fue sometido a proceso en la Corte de Apelaciones de San
Miguel y Valparaíso. Esas resoluciones han sido recurridas por apelaciones y
amparos, siendo todas confirmadas, se han revisado por casi veinte ministros de
cortes de apelaciones y Corte Suprema. Tal cantidad de complotados de lugares
distintos del país en el poder judicial es inimaginable.
He
hecho esta breve relación simplemente para dar el contexto de lo que sometí al presidente del Senado.
Dirigentes
regionales del partido político UDI y el
diputado Gustavo Hasbún han visitado, ejerciendo un derecho por supuesto, al
detenido coronel Labbe en Temuco.
Las
simpatías de la UDI con la DINA son públicas y antiguas.
Pero,
además han denunciado públicamente
persecución judicial y descalificado a los querellantes como mentirosos e
“izquierdistas”. Se ofende profesionalmente a los jueces chilenos, pues si no
estuvieran como parte integrante en este delirante complot significaría que son
tan limitados que los querellantes inventamos “balurdos” judiciales y ellos los
aceptan.
Esto puede ser propio del debate público y es
cosa sabida que quienes sufren adversidades en los Tribunales no siempre
mantienen la serenidad de juicio que es base de todo análisis correcto. Por eso
nunca haremos presentación alguna respecto de la sra cónyuge del procesado pues
entendemos la situación, comprendemos las aflicciones que provocan los procesos
judiciales.
Sin
embargo, las cosas han adquirido otros ribetes
A estas “denuncias” de
complot y montaje se ha sumado la senadora Jacqueline Van Rysselberghe. Esto
adquiere relevancia jurídica por la investidura y por el hecho que su
comportamiento viola directamente lo dispuesto en el artículo 76 de la
Constitución Política, suprema norma jurídica de la república que por juramento
formal y público esta obligada a respetar y hacer respetar.
El miércoles 26 de abril recién pasado el diario El Mercurio publica ".
“Ex alcalde de Providencia:
Pdta. UDI respalda a Labbé ante detención por causa
de DD.HH.
miércoles, 26 de abril de 2017
C.Carreño
Política
El Mercurio
Política
El Mercurio
Van Rysselberghe dijo que "hay ensañamiento judicial que va más allá de la búsqueda de justicia".
Hasta el Destacamento Tucapel de Temuco llegó ayer el diputado UDI Gustavo Hasbún para visitar al ex alcalde de Providencia, Cristián Labbé, quien se encuentra en prisión preventiva en dicho recinto militar. Esto, luego que se decretara una orden de arresto en su contra a raíz de supuestos delitos de tormentos en contra de cuatro personas en Panguipulli, en 1973.
La concurrencia de Hasbún viene a
sumarse a la que ya había realizado su
par gremialista Ignacio Urrutia durante el fin de semana, a quien también se plegó la directiva regional del gremialismo. Esto, pese a que el coronel (R) de
Ejército había renunciado a la
UDI en abril del año pasado, ante las dudas de la entonces mesa de Hernán Larraín de llevarlo como candidato
en Providencia.
Ayer, refiriéndose a la visita de
Hasbún, la presidenta de la UDI, senadora
Jacqueline van Rysselberghe, dijo a "El Mercurio" que "me
parece bien". "Creo que la
acusación que se le está haciendo,
que se sustenta en alguien (...) que 40 años después reconoce la voz, me parece
que no tiene mucho sustento", indicó, aludiendo a los testimonios
contra Labbé.
Junto con esto, enfatizó que, "en general, en el tema de los
militares hay un ensañamiento judicial que va muchísimo más allá de la búsqueda
de justicia". En esa misma línea, consultada respecto de si dicho
"ensañamiento" iba en contra de Labbé, la timonel dijo: "Sí,
estoy convencida".
A su turno, Hasbún -quien busca
una candidatura senatorial en La Araucanía- indicó que "la sed de venganza
de un sector de la izquierda ha llevado a los tribunales a no respetar los
derechos de los militares procesados, poniendo en jaque al sistema judicial
chileno".
Y agregó: "La detención de
Labbé demuestra claramente que los jueces imparten justicia solo con un ánimo
de venganza, violando el debido proceso".
La detención del ex jefe comunal
de Providencia se efectuó el pasado lunes 17, tras la orden realizada por el
ministro en visita Álvaro Mesa.”
Las declaraciones de la sra Senadora, en que manifiestamente
acusa a los tribunales de prevaricación,
son particularmente graves pues se refieren a un proceso abierto, hacen
una valoración de la prueba rendida y se constituyen en una verdadera amenaza
para el poder judicial.
En efecto, el Senado puede llegar a actuar como
tribunal respecto de acusaciones constitucionales en contra de ministros del
poder judicial.
El Senado aprueba también los nombramientos de
ministros de la Corte Suprema.
Las declaraciones de la Senadora violentan el
derecho a un debido proceso al que la víctima tiene derecho pues afectan la independencia de los jueces.
Los parlamentarios deben cumplir y hacer cumplir la
Constitución a lo cual se encuentran obligados por juramento formal y público.
Si no lo hiciere hay que demandárselos.
ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado
