LA CORRUPCION Y SU ENORME GRAVEDAD SOCIAL

En la sociedad existen bienes jurídicos como la propiedad, la verdad, la fé pública, la libertad sexual, el orden público, la vida y la integridad física, la libertad de expresión que todos debemos respetar. Cuando la infracción a estos bienes es grave y sus efectos muy perjudiciales la ley penal  los configura como delitos.

Hay delitos especialmente graves como los Crímenes de Lesa (que lesionan) Humanidad (que perjudican a toda la humanidad). Estos son especialmente graves como el genocidio que es el intento de exterminar física o culturalmente a un grupo humano por el sólo hecho de tener una identidad determinada: una raza, una religión  o una ideología política. Los nazis en Europa o las dictaduras latinoamericanas en los 70.

Hoy enfrentamos otras amenazas. La corrupción es algo que ha hecho devenir a la clase política en casta política.  Los delitos de corrupción son aquellos en que el funcionario público se apropia de bienes públicos o usa sus facultades para su propio beneficio. Es de la mayor perversión que un funcionario que tiene medios materiales y facultades legales las use para su propio beneficio y no de la sociedad o los propósitos que la ley le ha señalado.

Es muy grave que un funcionario que debe su ocupación a la ley  la esté infringiendo a partir de medios materiales estatales que habitualmente son muy poderosos y en situaciones que facilitan la comisión del delito. Es infinitamente más fácil que un gerente de un banco estatal se apropie del dinero del banco a que un ajeno asalte el banco.

En Chile la Ley LEY N° 20.880 SOBRE PROBIDAD EN LA FUNCIÓN PÚBLICA Y PREVENCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES definió certeramente el principio de probidad, que es la antítesis de la corrupción, en ella se puede leer:

“El principio de probidad en la función pública consiste en observar una conducta funcionaria intachable, un desempeño honesto y leal de la función o cargo con preeminencia del interés general sobre el particular. Existe conflicto de intereses en el ejercicio de la función pública cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico, de quien ejerce dichas funciones o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias”.

Nuestro país ha tenido una larga trayectoria de probidad, han existido gobernantes de muy distinta ideología como Jorge Alessandri (derecha) Eduardo Frei M. (centro) o Salvador Allende (izquierda) que nunca cayeron en actos de corrupción. Hay incluso dictadores como lo fue Jorge Montt, que derrocó al presidente constitucional José Manuel Balmaceda o Carlos Ibañez del Campo, que no dieron lugar a reproche alguno en cuanto a su honestidad.

Un país que cae en una situación de corrupción generalizada no sale fácilmente de ese pantano que lo emporca todo. Hay países latinoamericanos con situaciones económicas solventes pero en los que la corrupción se ha transformado en su principal traba al desarrollo y bienestar de sus ciudadanos.

Estamos convocados a elecciones parlamentarias y presidenciales, los ciudadanos cualquiera sea su pensamiento político deben poner la mayor atención en la probidad de los candidatos.

ROBERTO AVILA TOLEDO

Abogado