QUERELLA POR TORTURAS Y UN BEBE PERDIDO DESDE 1988

Para los que creen que los Derechos Humanos son un montaje la realidad se nos aparece más fuerte y dramática. Han pasado 28 años desde el fin de la dictadura militar y siguen apareciendo denuncias por crímenes.  

Se acaba de presentar una querella por torturas ante la Corte de Apelaciones de San Miguel donde se pide el nombramiento de un Ministro en Visita .

La víctima S.Z.V era una joven de 17 años de edad 7 meses de embarazo fue detenida y sometida a torturas esto alteró su embarazo y tuvo un parto asistido y prematuro, él bebe está  perdido hasta el día de hoy,

Fue en la zona Sur de Santiago, comuna de El Bosque, año 1988. No la buscaban a ella sino antecedentes para ubicar y detener a una joven comunista de su población, puede imaginarse lo que hicieron cuando lograron detener a la que buscaban.

En el texto de la querella puede leerse:

“Mi casa tenía reja de madera, con un candado. Como me negué a acompañarlos me dijeron que si no lo hacía irían a matar a mi hermana con mi sobrinos, menores de edad, ellos vivían a la vuelta de mi casa. Ahí saque el candado y los acompañé, aparecieron los otros dos caminamos hacia el domicilio de mi hermana. Allí había un gran despliegue de personas que portaban armamento, pistolas y metralletas. Ingresamos a la casa de mi hermana y allí me interrogaron junto a mi hermana.

Me preguntaban por la familia Bravo, específicamente por Patricia Bravo Solís y su hermana Edith y su hermano Rubén. El papá de estas personas era el propietario de la casa que mi hermana arrendaba. Me preguntaban donde vivían y que hacían, entre golpes, insultos y amenazas, me decían que ella era terrorista y comunista. Yo conocía a Patricia porque éramos del mismo barrio, pero no sabía donde vivía ahora que la buscaban. Me apuntaban con las metralletas. Estuvimos dentro de la casa de mi hermana por aproximadamente 30 minutos.

Me subieron a golpes de puños a un vehículo, era un vehículo blanco, como una furgoneta con tres corridas de asientos. Allí me golpeaban e insultaban, yo tenía siete meses de embarazo, el chofer le dijo, “jefe no le pegue más dese cuenta que está embarazada". Ellos querían que les dijera donde vivía Patricia Bravo, en un momento una voz desde atrás me susurra “Chany dile”, era una voz muy quejumbrosa, era una persona que llevaban en el suelo tapada con una frazada, yo reconocí la voz de un vecino llamado René Miranda, conocido como “el Rana”. Como volví la cabeza para mirarlos me empezaron a golpear con más violencia. Nunca me vendaron ni esposaron, era difícil que pudiera hacer algo como escapar. El que más me golpeaba era el que le decían “jefe”. Creo poder reconocer los rostros de quienes me secuestraron.

…Luego he podido saber que Patricia Bravo Solís fue detenida unas pocas horas después por personal de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Asaltos y brutalmente torturada. Ella fue detenida junto a toda su familia.

Patricia Bravo Solís era militante de la Juventud Comunista y dirigente social con activa participación en la oposición a la dictadura militar. Yo también era opositora a la dictadura militar y participaba en el partido socialista.

Esta situación fue terrorífica para mí y alteró mi embarazo.

Por mi situación y acompañada de mi amiga Saratiel Ferrada  concurrí a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada en Plaza de armas y se interpuso un recurso de amparo en mi favor.

El 26 de Mayo de 1988 ingrese al Hospital El Pino por complicaciones en mi embarazo. Estas dificultades tenían causa directa mi detención y la golpiza que había recibido, pues antes era un embarazo normal. Allí me ingresaron     de urgencia estuve hasta el 13 de Junio hospitalizada, el 11 de Junio di a luz a mi bebé, que era de sexo femenino. Luego se me dijo que había muerto, pero nunca nos entregaron el cuerpo. Tampoco nos dieron un certificado de defunción. Todo esto a pesar de los múltiples requerimientos que les formulé”.

La acción judicial es patrocinada por el abogado Roberto Ávila Toledo quien señaló “creo que dadas las circunstancias del caso, con un poquito de voluntad judicial, se pueden llegar a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Lo del bebé es muy oscuro y sugerente, no puede quedar en la impunidad, no hay razón que explique la no entrega del cuerpo o al menos el certificado de defunción”. 

LA LEGITIMA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA UNA SALA DE LA CORTE SUPREMA.

La acusación constitucional en contra de los ministros de la sala penal de la Corte Suprema que dejaron en libertad a 7 genocidas condenados por brutales hechos de sangre que costaron la vida a chilenos inocentes tiene la mayor  importancia histórica.

En esta acusación constitucional se dirimirá si el Chile de 2018 esta dispuesto a tolerar pasivamente el genocidio que vivimos por 17 años o si se aplicara la ley, dejando claro al futuro que esa práctica criminal no tiene perdón ni olvido.

Esto es muy importante y es así como los defensores de los criminales han ido de menos a mas arrojando sus cartas a la mesa. Partieron llevando a la CNN a un abogado que rentadamente defendió derechos humanos hace 28 años atrás, luego La Segunda entrevistó a José Antonio Viera Gallo cuyas genuflexiones al mundo militar son la base de su carrera política, se culminó con declaraciones del Ministro del Interior don Andrés Chadwick ex dirigente juvenil de la dictadura, que coherente con su pasado, respaldo a los jueces cuestionados.

A pesar del empeño de estos defensores los jueces de la Corte Suprema no lograron la tranquilidad de espíritu que estos buscaban proporcionarles. En una acción de las características de un partido político en medio de un debate e impropia de un poder del Estado, se reunieron y emitieron una declaración en manifiesta defensa de causa propia.

Con cierta soberbia el poder judicial habitualmente  reivindica su calidad de poder del Estado, sería bueno recordarles que sólo gracias al atraso legislativo y a la persistencia de la Constitución de ¨Pinochet su composición se debe hasta ahora a una cooptación institucional entre ellos mismos y el  ejecutivo, sin pasar jamás por el rasero de los ciudadanos.

La declaración de la Corte Suprema formula argumentos  en los puntos 4 y 5 que es necesario comentar:

En el punto 4 se lee

“El cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial”.

En el punto 5 se lee:  

“Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Ante ello cabe precisar:

1.- Que un Estado de Derecho tiene como componente esencial el equilibrio y control mutuo entre distintos poderes. Que la pretensión de la Corte Suprema de no estar sujeta a ningún control se contradice con los principios más elementales de un Estado democrático.

2.- Que la autonomía de los jueces nunca ha sido ni puede ser  absoluta, tan es así que el Código Penal contempla la figura de la prevaricación. Que de esta autonomía, necesaria en cierto grado, no se puede deducir que conductas que violentan los Derechos Humanos queden sin sanción. La autonomía de los jueces es procedimental en la perspectiva de alcanzar la Justicia no es un valor en sí mismo.

3.- Que habría sido de la mayor utilidad al país que el poder judicial le hubiera recordado, una sola vez siquiera en 17 años, la autonomía de los jueces a la dictadura militar, en situaciones tan humillantes como en aquella en que los jueces del Trabajo debían dictar sentencia con un oficial militar a su lado, que autorizaba el fallo.

4.- Contrariamente a lo que la declaración señala sí están en cuestionamiento los cargos de los ministros de la Corte Suprema, pues si se aprueba la acusación serán destituidos.

5.- La vigencia del Estado de Derecho no impide una acusación constitucional contemplada incluso en una constitución tan autoritaria como la que nos rige. El Estado de Derecho se vulnera con fallos judiciales como el del general Augusto Pinochet  que lo declaro inimputable por una enfermedad (demencia cortical leve) que no existe en la literatura médica mundial.

6.- Se habla de un juez “ independiente e imparcial”, puede afirmar esto con propiedad la Corte Suprema?. En su membresía actualmente se encuentra don Lamberto Cisternas que fue viceministro de la dictadura militar de Pinochet. Son conocidos todos sus dictámenes en favor de acusados por crímenes de Lesa Humanidad. En Chile se bombardeó La Moneda, dos presidente, Allende y Frei, murieron y no hay un solo condenado. Que es esto del juez “independiente e imparcial’?.

7.- La Corte Suprema defiende con vehemencia la sentencia en recursos de amparos en favor de genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Miles de chilenos nunca consiguieron en los habeas corpus interpuestos en su favor que la Corte Suprema les brindara protección, mucho menos que se reuniera en pleno para sacar declaraciones públicas en su favor.

Chile debe decidir si a 28 años del término de la dictadura militar aún estamos bajo intimidación tal que debemos soportar pasivamente la impunidad o si las nuevas generaciones han recuperado nuestra dignidad republicana. Que hable el parlamento depositario fundamental de la voluntad popular.

ROBERTO AVILA TOLEDO

DOS CAMINOS PARA DETENER LA IMPUNIDAD

Los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile prohíben expresamente amnistiar o indultar penas para genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad.

El espíritu y la letra de estos instrumentos son muy claros; los crímenes de Lesa Humanidad no se pueden perdonar. La libertad condicional es una forma de perdón sujeta a ciertas condiciones, pero es una forma de perdón.

Esta legislación especial es muy dura por la especial gravedad que revisten este tipo de delitos, que es tanta que le da su nombre de Lesa Humanidad, es decir que agravian a toda la humanidad no sólo al estado en cuyo territorio se cometieron. Son especialmente graves pues es hacen desde el incontrarrestable poder del estado, dejan a la víctima en la absoluta indefensión (donde quien recurre?,  si son precisamente los agentes del estado los que lo agreden) y son la mayor perversión del Estado que tiene por objeto dictar y hacer cumplir las leyes.

La Corte Suprema ha resuelto la libertad de 7 condenados por crímenes de Lesa Humanidad, esto es inaceptable e improcedente. Además es muy previsible que estas liberaciones se multiplicaran, el asesino en serie Krasnoff Marchenko ya anuncia su propia solicitud.

Hay dos vías para detener la impunidad.

1.- Si los diputados que expresan públicamente su rechazo a esta situación son consecuentes con sus palabras deben promover una acusación constitucional en contra de los jueces que dictaron esta sentencia que deja en la impunidad a estos 7 genocidas. Es de hacer notar que la facultad de promover una acusación constitucional es privativa de los diputados, la palabra queda entonces para ellos. Si nada hacen querrá decir que sólo buscaban cámaras y que todo era una cuestión declarativa.

2.- Se puede iniciar también una acción judicial por prevaricación en contra de los jueces que dictaron la sentencia. Esto pueden hacerlo los abogados de los afectados y los de las agrupaciones de Derechos Humanos.

Si nada se hace, no podemos dejar de pensar que el pacto por la impunidad es más amplio de lo que aparece prima face. La simple invocación a presentaciones internacionales es engañosa, la Comisión interamericana de Derechos Humanos lleva 7 años de atraso en la tramitación de denuncias.

Ya veremos de qué lado están cada uno de los actores.

ROBERTO AVILA TOLEDO