ROBERTO AVILA TOLEDO

ROBERTO AVILA TOLEDO

viernes, 17 de agosto de 2018

QUERELLA POR TORTURAS Y UN BEBE PERDIDO DESDE 1988


Para los que creen que los Derechos Humanos son un montaje la realidad se nos aparece más fuerte y dramática. Han pasado 28 años desde el fin de la dictadura militar y siguen apareciendo denuncias por crímenes.  

Se acaba de presentar una querella por torturas ante la Corte de Apelaciones de San Miguel donde se pide el nombramiento de un Ministro en Visita .

La víctima S.Z.V era una joven de 17 años de edad 7 meses de embarazo fue detenida y sometida a torturas esto alteró su embarazo y tuvo un parto asistido y prematuro, él bebe está  perdido hasta el día de hoy,

Fue en la zona Sur de Santiago, comuna de El Bosque, año 1988. No la buscaban a ella sino antecedentes para ubicar y detener a una joven comunista de su población, puede imaginarse lo que hicieron cuando lograron detener a la que buscaban.

En el texto de la querella puede leerse:

Mi casa tenía reja de madera, con un candado. Como me negué a acompañarlos me dijeron que si no lo hacía irían a matar a mi hermana con mi sobrinos, menores de edad, ellos vivían a la vuelta de mi casa. Ahí saque el candado y los acompañé, aparecieron los otros dos caminamos hacia el domicilio de mi hermana. Allí había un gran despliegue de personas que portaban armamento, pistolas y metralletas. Ingresamos a la casa de mi hermana y allí me interrogaron junto a mi hermana.
Me preguntaban por la familia Bravo, específicamente por Patricia Bravo Solís y su hermana Edith y su hermano Rubén. El papá de estas personas era el propietario de la casa que mi hermana arrendaba. Me preguntaban donde vivían y que hacían, entre golpes, insultos y amenazas, me decían que ella era terrorista y comunista. Yo conocía a Patricia porque éramos del mismo barrio, pero no sabía donde vivía ahora que la buscaban. Me apuntaban con las metralletas. Estuvimos dentro de la casa de mi hermana por aproximadamente 30 minutos.

Me subieron a golpes de puños a un vehículo, era un vehículo blanco, como una furgoneta con tres corridas de asientos. Allí me golpeaban e insultaban, yo tenía siete meses de embarazo, el chofer le dijo, “jefe no le pegue más dese cuenta que está embarazada". Ellos querían que les dijera donde vivía Patricia Bravo, en un momento una voz desde atrás me susurra “Chany dile”, era una voz muy quejumbrosa, era una persona que llevaban en el suelo tapada con una frazada, yo reconocí la voz de un vecino llamado René Miranda, conocido como “el Rana”. Como volví la cabeza para mirarlos me empezaron a golpear con más violencia. Nunca me vendaron ni esposaron, era difícil que pudiera hacer algo como escapar. El que más me golpeaba era el que le decían “jefe”. Creo poder reconocer los rostros de quienes me secuestraron.

…Luego he podido saber que Patricia Bravo Solís fue detenida unas pocas horas después por personal de Investigaciones, específicamente de la Brigada de Asaltos y brutalmente torturada. Ella fue detenida junto a toda su familia.

Patricia Bravo Solís era militante de la Juventud Comunista y dirigente social con activa participación en la oposición a la dictadura militar. Yo también era opositora a la dictadura militar y participaba en el partido socialista.

Esta situación fue terrorífica para mí y alteró mi embarazo.

Por mi situación y acompañada de mi amiga Saratiel Ferrada  concurrí a la Vicaría de la Solidaridad, ubicada en Plaza de armas y se interpuso un recurso de amparo en mi favor.

El 26 de Mayo de 1988 ingrese al Hospital El Pino por complicaciones en mi embarazo. Estas dificultades tenían causa directa mi detención y la golpiza que había recibido, pues antes era un embarazo normal. Allí me ingresaron     de urgencia estuve hasta el 13 de Junio hospitalizada, el 11 de Junio di a luz a mi bebé, que era de sexo femenino. Luego se me dijo que había muerto, pero nunca nos entregaron el cuerpo. Tampoco nos dieron un certificado de defunción. Todo esto a pesar de los múltiples requerimientos que les formulé”.

La acción judicial es patrocinada por el abogado Roberto Ávila Toledo quien señaló “creo que dadas las circunstancias del caso, con un poquito de voluntad judicial, se pueden llegar a esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Lo del bebé es muy oscuro y sugerente, no puede quedar en la impunidad, no hay razón que explique la no entrega del cuerpo o al menos el certificado de defunción”. 

sábado, 11 de agosto de 2018

LA LEGITIMA ACUSACION CONSTITUCIONAL CONTRA UNA SALA DE LA CORTE SUPREMA.



La acusación constitucional en contra de los ministros de la sala penal de la Corte Suprema que dejaron en libertad a 7 genocidas condenados por brutales hechos de sangre que costaron la vida a chilenos inocentes tiene la mayor  importancia histórica.

En esta acusación constitucional se dirimirá si el Chile de 2018 esta dispuesto a tolerar pasivamente el genocidio que vivimos por 17 años o si se aplicara la ley, dejando claro al futuro que esa práctica criminal no tiene perdón ni olvido.

Esto es muy importante y es así como los defensores de los criminales han ido de menos a mas arrojando sus cartas a la mesa. Partieron llevando a la CNN a un abogado que rentadamente defendió derechos humanos hace 28 años atrás, luego La Segunda entrevistó a José Antonio Viera Gallo cuyas genuflexiones al mundo militar son la base de su carrera política, se culminó con declaraciones del Ministro del Interior don Andrés Chadwick ex dirigente juvenil de la dictadura, que coherente con su pasado, respaldo a los jueces cuestionados.

A pesar del empeño de estos defensores los jueces de la Corte Suprema no lograron la tranquilidad de espíritu que estos buscaban proporcionarles. En una acción de las características de un partido político en medio de un debate e impropia de un poder del Estado, se reunieron y emitieron una declaración en manifiesta defensa de causa propia.

Con cierta soberbia el poder judicial habitualmente  reivindica su calidad de poder del Estado, sería bueno recordarles que sólo gracias al atraso legislativo y a la persistencia de la Constitución de ¨Pinochet su composición se debe hasta ahora a una cooptación institucional entre ellos mismos y el  ejecutivo, sin pasar jamás por el rasero de los ciudadanos.

La declaración de la Corte Suprema formula argumentos  en los puntos 4 y 5 que es necesario comentar:

En el punto 4 se lee

El cuestionamiento de las argumentaciones de una resolución judicial implica la revisión de la misma por un organismo extraño y por vías diferentes de la jurisdiccional, circunstancia totalmente reñida con el ordenamiento constitucional y que genera una grave afectación de la autonomía de los magistrados, y por lo mismo de la efectiva vigencia de la garantía de los ciudadanos de contar con un  juez independiente e imparcial”.

En el punto 5 se lee:  

“Lo que está en riesgo con este proceder no son los cargos de los jueces de la Corte Suprema, sino la autonomía indispensable para su desempeño y, por ende, la vigencia del Estado de Derecho y el respeto de las competencias y facultades propias de las autoridades, conforme a la Carta Fundamental”.

Ante ello cabe precisar:

1.- Que un Estado de Derecho tiene como componente esencial el equilibrio y control mutuo entre distintos poderes. Que la pretensión de la Corte Suprema de no estar sujeta a ningún control se contradice con los principios más elementales de un Estado democrático.

2.- Que la autonomía de los jueces nunca ha sido ni puede ser  absoluta, tan es así que el Código Penal contempla la figura de la prevaricación. Que de esta autonomía, necesaria en cierto grado, no se puede deducir que conductas que violentan los Derechos Humanos queden sin sanción. La autonomía de los jueces es procedimental en la perspectiva de alcanzar la Justicia no es un valor en sí mismo.

3.- Que habría sido de la mayor utilidad al país que el poder judicial le hubiera recordado, una sola vez siquiera en 17 años, la autonomía de los jueces a la dictadura militar, en situaciones tan humillantes como en aquella en que los jueces del Trabajo debían dictar sentencia con un oficial militar a su lado, que autorizaba el fallo.

4.- Contrariamente a lo que la declaración señala sí están en cuestionamiento los cargos de los ministros de la Corte Suprema, pues si se aprueba la acusación serán destituidos.

5.- La vigencia del Estado de Derecho no impide una acusación constitucional contemplada incluso en una constitución tan autoritaria como la que nos rige. El Estado de Derecho se vulnera con fallos judiciales como el del general Augusto Pinochet  que lo declaro inimputable por una enfermedad (demencia cortical leve) que no existe en la literatura médica mundial.

6.- Se habla de un juez “ independiente e imparcial”, puede afirmar esto con propiedad la Corte Suprema?. En su membresía actualmente se encuentra don Lamberto Cisternas que fue viceministro de la dictadura militar de Pinochet. Son conocidos todos sus dictámenes en favor de acusados por crímenes de Lesa Humanidad. En Chile se bombardeó La Moneda, dos presidente, Allende y Frei, murieron y no hay un solo condenado. Que es esto del juez “independiente e imparcial’?.

7.- La Corte Suprema defiende con vehemencia la sentencia en recursos de amparos en favor de genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad. Miles de chilenos nunca consiguieron en los habeas corpus interpuestos en su favor que la Corte Suprema les brindara protección, mucho menos que se reuniera en pleno para sacar declaraciones públicas en su favor.

Chile debe decidir si a 28 años del término de la dictadura militar aún estamos bajo intimidación tal que debemos soportar pasivamente la impunidad o si las nuevas generaciones han recuperado nuestra dignidad republicana. Que hable el parlamento depositario fundamental de la voluntad popular.

ROBERTO AVILA TOLEDO







jueves, 2 de agosto de 2018

DOS CAMINOS PARA DETENER LA IMPUNIDAD




Los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile prohíben expresamente amnistiar o indultar penas para genocidas condenados por crímenes de Lesa Humanidad.

El espíritu y la letra de estos instrumentos son muy claros; los crímenes de Lesa Humanidad no se pueden perdonar. La libertad condicional es una forma de perdón sujeta a ciertas condiciones, pero es una forma de perdón.

Esta legislación especial es muy dura por la especial gravedad que revisten este tipo de delitos, que es tanta que le da su nombre de Lesa Humanidad, es decir que agravian a toda la humanidad no sólo al estado en cuyo territorio se cometieron. Son especialmente graves pues es hacen desde el incontrarrestable poder del estado, dejan a la víctima en la absoluta indefensión (donde quien recurre?,  si son precisamente los agentes del estado los que lo agreden) y son la mayor perversión del Estado que tiene por objeto dictar y hacer cumplir las leyes.

La Corte Suprema ha resuelto la libertad de 7 condenados por crímenes de Lesa Humanidad, esto es inaceptable e improcedente. Además es muy previsible que estas liberaciones se multiplicaran, el asesino en serie Krasnoff Marchenko ya anuncia su propia solicitud.

Hay dos vías para detener la impunidad.

1.- Si los diputados que expresan públicamente su rechazo a esta situación son consecuentes con sus palabras deben promover una acusación constitucional en contra de los jueces que dictaron esta sentencia que deja en la impunidad a estos 7 genocidas. Es de hacer notar que la facultad de promover una acusación constitucional es privativa de los diputados, la palabra queda entonces para ellos. Si nada hacen querrá decir que sólo buscaban cámaras y que todo era una cuestión declarativa.

2.- Se puede iniciar también una acción judicial por prevaricación en contra de los jueces que dictaron la sentencia. Esto pueden hacerlo los abogados de los afectados y los de las agrupaciones de Derechos Humanos.

Si nada se hace, no podemos dejar de pensar que el pacto por la impunidad es más amplio de lo que aparece prima face. La simple invocación a presentaciones internacionales es engañosa, la Comisión interamericana de Derechos Humanos lleva 7 años de atraso en la tramitación de denuncias.

Ya veremos de qué lado están cada uno de los actores.

ROBERTO AVILA TOLEDO

jueves, 26 de julio de 2018

JUSTICIA PERUANA SE DESPLOMA


 
En menos de 15 dìas el sistema de persecución penal peruano se ha desplomado. Ellos tienen como estructura: una Fiscalía Nacional, los tribunales, el Ministerio de Justicia y un Consejo Nacional de la Magistratura que ingresa, valora, promueve y sanciona a los jueces.
 
El Ministro de Justicia Salvador Heresì fue depuesto por el presidente de la república Martìn Vizcarra, el presidente del Poder Judicial Duberlì Rodrìguez debió renunciar, todo el Consejo Nacional de la Magistratura fue destituido por el congreso, el Fiscal Nacional Sr Chavarry pende de un hilo (asumió hace una semana) tanto que el presidente Vizcarra no asistió a la ceremonia de asunción, cayó preso el presidente de la Corte de Apelaciones de El Callao Walter Rìos, cinco jueces y otros 15 funcionarios fueron suspendidos, se abrió expediente ético en el parlamento al congresista Hector Becerril (vocero alterno de la  bancada fujimorista) y a Mauricio Mulder vocero de la bancada Apra, en el Perù los congresistas reciben duras sanciones, no las multas inocuas de nuestro parlamento.
 
El centro de gravedad de la corrupción está situado en el magistrado de la Corte Suprema peruana Cesar Hinojosa Pariachi actualmente suspendido de su cargo. El escándalo recayó también sobre dos grandes empresarios vinculados al Apra y sobre el presidente de la Federación peruana de Futbol.
 
Una joven y valiente fiscal de El Callao consiguió la autorización judicial para intervenir una banda de delincuentes comunes. Allì se enteró de una enorme y poderosa red de corrupción que llegaba a los más altos niveles.
 
Se vendían los cargos de fiscal, jueces y miembros del Consejo de la Magistratura. Se traficaban todo tipo de influencias. El juez supremo sr Hinojosa trapicheaba fallos sobre violación de menores. El presidente de la Corte del Callao sr Walter Rìos “recaudaba” diariamente con su secretario.

El presidente de la federación peruana Edwin Oviedo Pichotito se encontraba encausado por el asesinato de dos personas una oportuna acción de sus amigos jueces le libero de todo cargo. El respondió con generosas invitaciones, gastos pagos se entiende, a un nutrido número de jueces y fiscales al mundial de futbol.

Todo esto ha sido dado a conocer mediante la publicación de los audios que partió con la primera  del periodista Gustavo Gorriti. Hoy las entregas son diarias y cada día dejan peor a la clase política y al poder judicial.

Miles de personas han salido a las calles. El presidente Vizcarra ha determinado formular un proyecto de reforma judicial en pocas semanas.

Hasta aquí la paja en el ojo ajeno.

Como estaremos nosotros? Las resoluciones que favorecen a la casta política chilena, serán accidentales y fortuitas?.
 
ROBERTO AVILA TOLEDO















domingo, 15 de julio de 2018

MARIO CARROZA: LA IZQUIERDA DEBE PENSARLO



El diario la Tercera informa que desde sectores de izquierda y de defensa de los derechos humanos se estaría patrocinando el nombramiento del ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Mario Carroza  como nuevo integrante de la Corte Suprema.

En el progresismo tenemos una larga trayectoria de patrocinios equivocados. Tenemos cierta tendencia al autoengaño. Transformar nuestros deseos en realidad y luego creerlo nosotros mismos.

El propio Allende creyó las recomendaciones sobre Pinochet (aclaro que no pretendo comparar a ese miserable con el juez Carroza, nadie merece algo así).  En fechas recientes  hay quienes se creyeron eso del general  del nunca más.

Seguramente el ministro Carroza tiene sus méritos profesionales, eso no lo pongo en duda, por eso es ministro de Corte de Apelaciones. Pero si la nominación se hace a partir de un perfil de un juez celoso en la aplicación de la doctrina de los Derechos Humanos en nuestro estado, creo que es un gran error.

El Ministro tiene concepciones, legitimas, como todas las ideas en democracia,  que se expresan en sus fallos que aunque legales, son cuestionables desde la doctrina de los DDHH.

En días recientes se ha acogido un recurso de amparo en contra de un auto de procesamiento dictado por el en contra de Silvia Brzovic  la cónyuge del ex militante del Frente Patriotico Manuel Rodríguez don  Ricardo Palma Salamanca que reside con ella en Francia. Procesamiento por la muerte de Jaime Guzmán. Esto es muy grave pues el recurso de amparo protege la libertad de las personas. Además en ese caso ya la Corte Suprema había rechazado la petición de la sra Brzovic, es decir se estaba pasando por encima de la resolución del máximo tribunal, así lo consigno la Corte de Apelaciones de Santiago en el fallo.

El ministro condenó a Enrique Villanueva por supuesta participación en el acuerdo para ajusticiar a Jaime Guzmán. En ningún país europeo se condenaría a una persona por colaborar (aún si se probara) en el ajusticiamiento de un dignatario nazi.

Cada vez que los tribunales chilenos piden extradición de militantes del FPMR les rechazan la pretensión en todas partes del mundo. El mundo entero no puede estar equivocado. Estas concepciones deben cambiar si queremos un poder judicial creíble que no haga el ridiculo en el ámbito internacional.

En la causa en que se investigó la muerte del presidente Salvador Allende el ministro Carroza se negó a procesar a los pilotos que bombardearon La Moneda aunque estaban confesos, existían entrevistas en televisión y habían escrito libros jactándose del hecho. El golpe de estado nada tuvo que ver, para el Ministro Carroza, en la muerte del dr Allende. Nunca quiso aceptar que si el 11 de septiembre no hay golpe Allende duerme en su casa el 12 de Septiembre, que aún en el evento de la muerte por mano propia, la creación de las condiciones para ello genera responsabilidad penal. Allende no murió víctima de una depresión sicológica.

La Suprema Corte de EEUU determinó que quienes se arrojaron al vacío desde las torres gemelas no se suicidaron pues no fueron allí para morir y son víctima de un homicidio causado por los terroristas. Lo mismo alegan en Argentina por la muerte del fiscal Nissman.

El ministro Carroza le dio validez a una autopsia que repitió a la letra la autopsia de la escuela militar practicad por médicos militares en 1973.

Se creyeron, sin mayor indagación, los dichos de Rene Riveros Valderrama, autor, a mi juicio, de los disparos que dieron muerte al dr Allende. Nunca se investigó su infantil coartada de que se encontraba practicando decatlón en la escuela militar mientras su unidad (regimiento de infantería de San Bernardo que asaltó La Moneda) todo el ejército ocupaba Chile luego del golpe.

Las condenas del ministro Carroza, que habitualmente tienen difusión mediática afectan al elenco estable de la DINA, a los que les da los mismo agregarse decenas de años a los cientos que ya tienen.

El Ministro don Carlos Cerda tuvo un compromiso tangible, permanente y épico con los DDHH. Ese era su perfil indudable.

ROBERTO ÁVILA TOLEDO
ABOGADO

miércoles, 20 de junio de 2018

LA SEGURIDAD CIUDADANA DESBORDADA


LA SEGURIDAD CIUDADANA DESBORDADA

Entiendo por seguridad ciudadana como aquel estado social en que los ciudadanos pueden ejercer sus derechos sin coacciones o limitaciones provenientes de otros particulares. Cuando en un país como Chile la policía orienta a los ciudadanos a no usar joyas en lugares públicos o no transitar en ciertos lugares o a ciertas horas claramente hay un debilitamiento de la seguridad ciudadana.

La seguridad ciudadana es un concepto que reemplazo, junto al retorno a las democracias, a la doctrina de la seguridad nacional. En esta última el bien superior de toda la actividad  en el ámbito de la seguridad era la conservación del Estado y sus autoridades que habitualmente habían asaltado el Estado mediante golpes de estado.

El gran sospechoso en la segunda mitad de los 80 y en la primera de los 90 era el Estado y no podía ser de otra manera en un subcontinente con miles de desaparecidos y ejecutados por agentes del Estado.

La actual legislación, los usos y costumbres en el ámbito de la persecución penal se conforman a partir de una frondosa legislación internacional en el ámbito de los derechos humanos que se sintetiza con la reforma procesal penal “garantista” que se promueve desde los Estados Unidos y que en lo esencial busca mejorar la situación de sus inversiones para lo cual se establecen casi a la medida las salidas alternativas, que dicho en buen romance significan dejar el delito en la impunidad.

Se sobreprotegió a la persona que era sometida a la acción punitiva del estado pues se venía saliendo de masivas violaciones a los DDHH.

La acción judicial se estatizó dejando desprovista de toda protección estatal a la víctima. En efecto,  el Ministerio Público tiene sus propias políticas de persecución del delito que no coinciden necesariamente con los intereses y derechos de las víctimas. Esto lo dicen con arrogancia los fiscales cotidianamente en los tribunales.

Hace algunos días como abogado de la familia de la víctima asistí a la audiencia de formalización de quien asesinó a una matrona en La reina y dejo graves a puñaladas a su marido y su hijo. El imputado asistió con la asesoría de tres abogados más un periodista, un conocido profesional que trabajó en TVN, puestos gratuitamente por la Defensoría Penal Pública. Debe el Estado financiar esto?. La víctima debe contratar un abogado.Hay que pagarle también un periodista al imputado?.

El principio de presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero es evidente que en casos como este en que el autor había estado preso 20 veces por delitos graves en los últimos cuatro años la asistencia del Estado al imputado debe graduarse. 

La situación de seguridad ciudadana en Chile se desborda. Ayer mataron a palos a una trabajadora en pleno centro de Santiago para robarle su celular y cartera. Las personas se enrejan y arman, si esto no para vamos a llegar a la Asociación Nacional de Rifle. Un Alcalde de profesión kinesiólogo creo su propia policía municipal. Estas son políticas surgidas desde la desesperación ante el sobrepasamiento de las instituciones.

En otra causa un juez dejó en libertad a una persona en un robo con fuerza debido a que un incompetente fiscal no uso el lenguaje jurídico de rigor y prefirió la expresión “alunizaje”. Incompetencia y soberbia dejaron al infractor en libertad.

Es absolutamente impresentable que una entidad como el ministerio público tenga autonomía y rango constitucional. Esto se ha traducido en que no responden ante nadie. Los ciudadanos se indignan cuando les notifican el cierre de sus causas salvo que la propia víctima aporte más antecedentes, y esto se lo dice un ente investigador estatal con recursos millonarios. Los ladrones de cuello y corbata y especialmente cuando vienen del ámbito político conoce la suavidad del guante de seda del Ministerio Público. El Fiscal Nacional se elige no por los ciudadanos sino en una oscura componenda política

La situación de corruptela mayor en Carabineros ciertamente debilita la legitimidad y eficacia del estado como ente  persecutor de delitos. No hay una respuesta severa a los hechos en Carabineros. 

Quien crea que esta situación de inseguridad ciudadana es menor está muy equivocado, los índices de victimización (temor en ser víctima de un  delito) están disparados.

No proponemos un “derecho penal del enemigo” pero evidentemente el sistema está fallando. La mirada simplista de sólo aumentar penas y establecer imprescriptibilidades al por mayor no reflejan un estudio serio del problema; pueden hacer incluso más peligrosos a los infractores.

Está bien que exista una ley especial de responsabilidad adolescente, pero cuando en ella se señala como principio el “interés superior del adolescente” hay un error fundamental. Estamos hablando de derecho penal, se trata de sancionar, en condiciones distintas, pero estamos hablando del “ius puniendi” del Estado. El error lo aprovechan los narcos y contratan adolescentes.

ROBERTO AVILA TOLEDO
Abogado


viernes, 8 de junio de 2018

EL DIA DE AYER EN EL PALACIO DE LA MONEDA


Fue una reunión con el Ministro del Interior al que le expresamos junto a los abogados Luis Toro y Rodrigo Gomez la necesidad de politicas publicas con relación a la situación de seguridad publica que se esta desbordando. La necesidad de adaptar el sistema penal a una situación de delincuencia desatada manteniendo el respeto a los DDHH y garantizando el derecho de los ciudadanos a la seguridad. Aproveche de sacarme esta foto en la antesala de la sala de reuniones del Ministerio del Interior.